FISCAL ESPAÑOL ORDENA APLICAR AMNISTÍA A PUIGDEMONT
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El fiscal general de España ordena la aplicación de la amnistía a Puigdemont, sólo en el delito de malversación —ya que fue exonerado de ‘sedición’ en el 2023—.
Los del procés piden tratarlo en el máximo órgano consultivo
Para el fiscal general García Ortiz el delito de malversación no es equiparable al “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”
El Fiscal general de España ha ordenado este viernes a los fiscales del procés independentista que apliquen la ley de amnistía en lo que respecta al delito de malversación, contra Carles Puigdemont y otros independentistas catalanes. Pero los fiscales de la causa se lo han rechazado y se tratará el asunto en la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultivo de la carrera fiscal.
Por escrito, el fiscal general Álvaro García Ortiz ordenó a los cuatro fiscales que intervinieron en el procés independentista en Cataluña que apliquen la ley de amnistía al delito de la malversación a Carles Puigdemont (exonerado de “sedición” en el 2023), expresidente de la Generalitat de Cataluña, que incluye su orden de detención activa.
Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados.
Tal ley de Amnistía, que entró en vigor, fue aprobada en marzo en el Congreso español tras un pacto entre el gobierno del PSOE y Jxcat –junto con otras agrupaciones independentistas-, para que el mandatario Pedro Sánchez lograra ser investido y así conformar gobierno.
Sin embargo, los cuatros fiscales del procés, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, han rechazado amnistiar por el delito de malversación dentro de la causa del intento de secesión y han pedido que se celebre una Junta de Fiscales en Sala.
La ley sanchista de la Amnistía: trinan de furia VOX y el PP
En la orden del Fiscal General español Álvaro García Ortiz se manifiesta que los fiscales que participaron en el juicio en el Tribunal Supremo confunden en su informe el “ánimo de lucro” que exige el delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables.
En ese sentido, considera que los hechos, en términos jurídicos, no afectaron los intereses de la Unión Europea, tirando por la borda un punto que alegaba el propio instructor de la causa, Pablo Llarena, como una razón para no aplicar la ley de amnistía y para acudir al Tribunal europeo para su última palabra.
Recordemos que en marzo, entró en vigor en España la polémica ley de amnistía pese al estallido social en las calles y las protestas —fogoneadas desde las filas de VOX y PP—, que favorece a los procesados por el fallido intento de independencia de Cataluña del 2017, como Carles Puigdemont. Tal ley fue pactada entre el gobierno de Sánchez y los independentistas catalanes de JxCat y ERC que le dieron su voto para la investidura que lo coronó en un nuevo mandato, como reveló Urgente24 anteriormente.
Uno de los condenados por el procés del intento de independencia, el ex presidente de la Generalitat, el catalán separatista Carles Puigdemont, aún permanece en el exilio por el pedido de captura emitido por el Tribunal Supremo español por cargos de sedición (revocado en 2023), malversación y desobediencia.
Grieta en España, reabierta por el gobierno
Carles Puigdemont, como expresidente del sistema institucional del autogobierno de Cataluña, la Generalitat, declaró en el 2017 la independencia de esta Comunitat del Barça tras un referéndum ‘ilegal’. Luego, este líder separatista la suspendió “para apelar al diálogo”, pero igual provocó una crisis política que generó que el gobierno central en Madrid tomase el control del presupuesto de la región.
Desde aquel año, Puigdemont se ha refugiado en Waterloo (Bélgica) y goza de la inmunidad parlamentaria que le impidió ser capturado —al ser un eurodiputado—, pero eso estaría por llegar a su fin. Asimismo, es el estandarte de los activistas independentistas de la península, que luchan por las comunidades autárquicas y por sus costumbres, que no condicen con las de los Estados Nación.
Cabe destacar que, con la reforma del código penal en el 2023, que remplazó el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, Puigdemont fue exonerado del de sedición, aunque sobre sus hombros aún le pesan las otras dos condenas (por malversación y desobediencia) y la orden de captura, de la que ha venido sorteando gracias a su inmunidad por ser eurodiputado.
Es evidente que desde la llegada de Pedro Sánchez al Palacio Moncloa, se han relajado las tensiones con Cataluña.
Ese separatismo, encarnado en el burócrata catalán Puigdemont y en el cabecilla vasco Josu Urrutikoetxea (con libertad condicional en Francia), polariza a los ciudadanos españoles que recuerdan como una pesadilla ese pasado funesto y sangriento, los atentados de la agrupación vasca ETA, los que trae a la palestra VOX y el PP para oponerse a la amnistía en vigor. Mientras que, otro grueso de la población, rememora a la Dictadura franquista que prohibía las lenguas no madrileñas -como la euskera y el catalán- y que torturó y asesinó a centenas de dirigentes separatistas.
La Ley de Amnistía de Pedro Sánchez ha sido aprobada este jueves (14/03) en el Congreso de Diputados español por los socios del PSOE y el propio Oficialismo, que condonaría los procesos penales a los independentistas: los nacionalistas catalanes ya vuelven a soñar con su propia República.
EL congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía por 178 votos a favor —y 172 en contra— pese a las protestas, que favorecerá a los procesados por el fallido intento de independencia de Cataluña en el 2017. Tal ley fue pactada entre el gobierno de Sánchez y los independentistas catalanes de JxCat y ERC que le dieron su voto para la investidura que lo coronó en un nuevo mandato.
La votación no generó sorpresas, ya que tuvo el voto negativo como era de esperar de los conservadores del Partido Popular de Alberto Núnñez Feijóo, de VOX y de los partidos regionales de UPN y coalición Canaria.
El líder del partido de ultraderecha VOX, Santiago Abascal, a la salida de la sesión parlamentaria reclamó unas elecciones generales, un referéndum y dijo que España “está secuestrada”.
