DIPUTADOS ESPAÑOLES APRUEBAN POLÉMICA LEY DE AMNISTÍA
El Congreso de los Diputados español aprobó este jueves 14 de marzo la polémica ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente por el intento ilegal de independencia de Cataluña, lo que puede facilitar el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo desde 2017.
Ahora, la iniciativa tendrá que ser tramitada por el Senado, donde la derecha tiene mayoría absoluta. Dentro de dos meses volvería al Congreso para la aprobación definitiva, entraría en vigor a finales de mayo y su interpretación y aplicación correspondería a los jueces.
La ley fue respaldada este jueves por la coalición que forma el Ejecutivo (PSOE y Sumar), el resto de la izquierda y fuerzas nacionalistas e independentistas catalanas y vascas, con la oposición frontal de los conservadores del Partido Popular (PP) y la extrema derecha (Vox).
El presidente socialista Pedro Sánchez ha promovido esta amnistía como una forma de dejar atrás el intento de secesión de 2017 de los entonces líderes de Cataluña, una región del noreste centrada alrededor de Barcelona donde muchos hablan la lengua local catalana además del español.
Sin embargo, el proyecto de ley también ha encontrado la oposición de millones de españoles que creen que las personas que provocaron una de las mayores crisis políticas de España deberían enfrentarse a cargos que incluyen malversación y promoción del desorden público.
Sánchez ya ha indultado a nueve líderes independentistas catalanes encarcelados, una medida que ayudó a cerrar heridas con poco coste político. Pero la amnistía está resultando mucho más divisoria.
‘Una serie de encuestas muestran que la mayoría de los españoles está en contra de esta ley de amnistía’
La crisis de secesión estalló en 2017, cuando una administración regional dirigida por Carles Puigdemont organizó un referéndum sobre la independencia, desafiando las órdenes del Gobierno nacional y una sentencia del Tribunal Supremo de España que señalaba que hacerlo violaba la Constitución. Madrid envió a la Policía en un intento de detener el referéndum, ante lo cual se desencadenaron protestas que se tornaron violentas.
El Parlamento catalán declaró la independencia el 27 de octubre de ese año, pero no consiguió ningún apoyo internacional. Puigdemont y otros altos cargos huyeron posteriormente de España.
Cientos de personas en Cataluña se enfrentan a la amenaza de procesos judiciales relacionados con el referéndum o las protestas, y Puigdemont y otros dirigentes permanecen en el extranjero.
Recientes investigaciones judiciales han acusado al expresidente regional de terrorismo por ser el presunto cerebro de las protestas masivas que se enfrentaron violentamente a la Policía y cerraron carreteras, líneas de tren y el aeropuerto de Barcelona en 2019.
Sánchez acordó la amnistía para asegurarse el respaldo de dos partidos separatistas catalanes, después de que unas elecciones nacionales no concluyentes el pasado julio los convirtieran en determinantes para la formación de Gobierno.
La oposición conservadora acusa a Sánchez de vender el Estado de derecho a cambio de otro mandato en el Palacio de la Moncloa y ha organizado importantes protestas callejeras durante los últimos meses.
¿Reconciliación o sumisión?
El portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López, defendió el jueves el proyecto de ley como un intento de “reconciliación” con Cataluña.
Pero, el líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, contraatacó diciendo que “esto no es reconciliación sino sumisión”.
No estaba claro si el acuerdo aportará estabilidad al Gobierno de Sánchez: Junts, partido separatista liderado por Puigdemont, ha dicho que votaría por Sánchez para formar gobierno a cambio de la amnistía, y nada más.
El proyecto de ley aún se enfrenta a varios obstáculos de procedimiento. Se espera que el Senado, de mayoría conservadora, lo rechace, lo que significaría que la Cámara Baja del Parlamento tendría que votarlo por segunda vez para sacarlo adelante.
El partido de Sánchez, el PSOE (socialista), ha tenido muchas dificultades para elaborar un proyecto de ley que satisfaga a los separatistas y que seguramente será muy examinado por los tribunales. El Parlamento rechazó una versión anterior del proyecto de ley a finales de enero, cuando Junts dijo que no hacía lo suficiente para proteger a Puigdemont. El texto volvió entonces a una comisión parlamentaria, donde fue retocado para adaptarlo a las necesidades de Junts.
Puigdemont vive ahora en Bélgica, donde es miembro del Parlamento Europeo. Prófugo de la Justicia española, se considera un exiliado político.
La votación del jueves se produce un día después de que el líder regional de Cataluña convocara elecciones anticipadas. Esa decisión añadió más incertidumbre a la política española y llevó a Sánchez a cancelar sus planes para los presupuestos de 2024 por las dificultades que habría tenido para conseguir el apoyo de los dos partidos separatistas en época electoral.
España concedió una amplia amnistía durante su transición de vuelta a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Pero los juristas están divididos sobre la constitucionalidad de una amnistía para los separatistas catalanes. Sus detractores jurídicos afirman que viola el principio de igualdad entre los españoles al favorecer a los de una región.
El Gobierno afirma que la amnistía podría ayudar a cientos de personas, mientras que la organización independentista catalana Omnium Cultural afirma que debería beneficiar a unas 4.400 personas, en su mayoría funcionarios menores y ciudadanos de a pie que ayudaron a organizar el referéndum o participaron en las protestas.
La aplicación de la amnistía será decidida por los tribunales caso por caso.
Con AP y EFE
